Desde el Colectivo de Migración y Derechos Humanos, reconocemos el derecho soberano de todo Estado para regular y ordenar los flujos migratorios en su territorio. Sin embargo, las recientes medidas anunciadas por el Gobierno dominicano nos preocupan, ya que carecen de mecanismos efectivos y adaptados que permitan a las personas migrantes, especialmente de origen haitiano, regularizar su estatus y ejercer plenamente sus derechos fundamentales.
La regularización migratoria requiere de vías accesibles y realistas.
La población migrante haitiana enfrenta obstáculos significativos para regularizar su situación debido a limitaciones en la política migratoria dominicana y a la crisis institucional y humanitaria en Haití. Por eso, es imperativo establecer procesos ágiles y accesibles para la renovación de carnets de trabajo temporal, reconociendo las dificultades para obtener o renovar documentos en su país de origen.
El mismo Estado dominicano ha aplicado con éxito en tiempos recientes estos procesos, como sucedió con el Plan de Normalización de Venezolanos (PNV) que aceptaban, entre otros, pasaportes vencidos como requisito válido.
Asimismo, es esencial implementar de manera efectiva la aplicación de la ley 169-14, que restaura la nacionalidad dominicana a las personas afectadas por la sentencia 168-13, quienes han sido privadas de su derecho a la identidad y enfrentan riesgos de deportación, a pesar de haber nacido en territorio dominicano y reconocerse como personas dominicanas de pleno derecho.
La regularización laboral fortalece la seguridad social y el sistema de salud.
Para avanzar hacia una política migratoria sostenible, es fundamental que se facilite la regularización de las personas migrantes con el fin de que puedan acceder a contratos formales de trabajo. El empresariado que emplea mano de obra migrante debe asumir su responsabilidad legal, asegurando la formalización laboral, el pago de la seguridad social y el respeto a los derechos laborales. La evasión de estas obligaciones no solo perpetúa la informalidad y la explotación, sino que afecta directamente la capacidad del Estado para financiar servicios públicos como la salud, tanto para los trabajadores como para sus dependientes. Las empresas que contraten de forma irregular o nieguen la afiliación a la seguridad social deben ser fiscalizadas y sancionadas.
Garantizar derechos fundamentales como la salud y la vivienda es crucial.
La exigencia de documentación para acceder a servicios públicos de salud puede disuadir a las personas migrantes de buscar atención médica oportuna, lo que contraviene principios básicos de salud pública y derechos humanos, poniendo en riesgo a toda la población. El acceso a la salud debe ser universal y no depender del estatus migratorio.
De igual forma, sancionar a quienes alquilan viviendas a personas migrantes en situación irregular puede generar un clima de persecución y desalojo forzado, empujando a muchas familias a la informalidad y aumentando su vulnerabilidad.
Preocupación por denuncias de violaciones en operativos migratorios.
Diversas organizaciones han documentado casos de agresiones físicas y sexuales, robos, operativos nocturnos sin orden judicial, separaciones forzadas de menores de sus padres y detenciones arbitrarias, incluso de personas con documentación en regla. Estas acciones violan la normativa migratoria nacional y los compromisos internacionales asumidos por el Estado dominicano. Exigimos que todo operativo migratorio se realice en estricto apego a la ley, con protocolos claros de protección a la infancia, respeto a la integridad personal y garantías del debido proceso.
Sobre los espacios de participación:
Saludamos la intención de generar mecanismos de participación de la sociedad civil en el seguimiento de la política migratoria, pero consideramos que este esfuerzo pudo haberse articulado con espacios ya existentes, como el Instituto Nacional de Migración (INM-RD), que ha convocado en ocasiones anteriores a organizaciones sociales para incorporar sus aportes en la gestión migratoria. Instamos a fortalecer y utilizar estos espacios institucionales antes de crear nuevas instancias que podrían fragmentar los esfuerzos y la participación y más cuando el estado dominicano se encuentra en proceso de fusión de ministerios con el fin de eficientizar la función pública.
Hacia una política migratoria inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
Reiteramos la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral que combine orden y legalidad con respeto a los derechos humanos, inclusión y sostenibilidad. La República Dominicana tiene la oportunidad de ser un referente en la región si garantiza condiciones dignas para todas las personas, independientemente de su nacionalidad.
Colectivo de Migración y Derechos Humanos
Foto: Fuente externa
