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¿Hay rumores de que ustedes tienen una actividad para apoyar a los haitianos? Cuéntame de esa convocatoria.

El colectivo siempre se mantiene activo realizando acciones y actividades, asi como apoyando eventos de organizaciones aliadas. Buscamos promover el diálogo sobre el tema migratorio y proponer soluciones viables, legales y humanas. Es necesario que como sociedad nos demos la oportunidad de pensar juntos en cómo regular las migraciones y respetar los derechos de las y los migrantes.

Porque la regularización permite tener control sobre la población migrante, ordenar los procesos y garantizar que las personas puedan aportar al país de manera transparente y legal. También permite exigir deberes, aplicar normas laborales y fiscales, y reducir la vulnerabilidad social. Es una forma eficaz y legal de gestionar una realidad que ya existe.

Con más estabilidad, mayor seguridad jurídica, menos informalidad laboral y un tejido social más cohesionado. Una política migratoria humana no significa ausencia de reglas; significa aplicar la ley con justicia y sentido común. Cuando las personas están documentadas, todo el sistema gana en orden, legalidad y paz social.

Actualmente, no se están utilizando los mecanismos legales para regularizar. Muchas personas con años trabajando aquí no pueden renovar sus documentos. No se está respetando la nacionalidad de personas nacidas en el país. Esto genera una situación de desprotección que perjudica tanto a los migrantes como a las instituciones.

Tiene un impacto positivo. Saber quiénes están en el país, con qué estatus y en qué condiciones, es fundamental para la planificación y la seguridad. La irregularidad masiva, por el contrario, genera zonas grises donde operan mafias y se pierden oportunidades de control efectivo.

A nivel internacional, se perciben acciones que no están en armonía con el compromiso del país con los derechos humanos y la institucionalidad. Redadas indiscriminadas, persecución en hospitales y violencia contra mujeres embarazadas envían un mensaje contrario a nuestra tradición democrática y legalista.

Establecer vías legales y accesibles para quienes ya están aquí. Facilitar mecanismos de regularización temporal. Desarticular las redes que lucran con la necesidad de la gente. Y aplicar la ley de manera justa, sin arbitrariedad. Eso es regular con responsabilidad.

La Constitución dominicana es clara al reconocer los derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción de nacionalidad. Toda política migratoria debe enmarcarse en esos principios. Si no se respeta la Constitución, se socava la legitimidad del propio Estado.

 

Se erosiona el Estado de Derecho, se abre la puerta a abusos y se debilita la confianza ciudadana en las instituciones. No se puede construir orden ni paz social desde la ilegalidad.

Más que nuevas leyes, lo urgente es aplicar de manera justa las que ya existen. Si los mecanismos de regularización, renovación y documentación se activaran de forma eficiente, el sistema migratorio sería más justo y más ordenado.

Tienen la responsabilidad de informar con rigor y equilibrio. Cuando los medios difunden miedo o estigmas, contribuyen a la discriminación. Pero cuando informan con ética, ayudan a construir una sociedad más justa y mejor informada.

Está centrada en la persecución y no en la solución. Se prioriza el espectáculo del control sobre la efectividad del orden. Eso no fortalece las instituciones, al contrario, las desgasta.

Cuando se normaliza que el Estado actúe sin garantías ni debido proceso, se valida una forma autoritaria de ejercer el poder. Eso afecta no solo a los migrantes, sino a toda la democracia.

Aumenta la formalidad, mejora la recaudación fiscal, permite regular las relaciones laborales y reduce la explotación. Regularizar no es una carga; es una inversión en orden económico.

Construcción, agricultura, turismo, comercio, trabajo doméstico y zonas francas. Son sectores que requieren mano de obra constante. Negar la realidad de su aporte es cerrar los ojos a una parte esencial de nuestra economía.

 

Documentados, pueden cotizar como cualquier trabajador. Eso fortalece el sistema y genera recursos para todos. La informalidad, en cambio, debilita la base financiera de la seguridad social.

Se han documentado casos de mujeres que han sido perseguidas incluso en el momento de dar a luz. Esto no solo viola su dignidad, sino que compromete la salud pública general y rompe con cualquier principio de humanidad básica.

Promueven la división y el temor. Una sociedad que construye convivencia no puede hacerlo desde el rechazo ni desde la sospecha permanente.

Una política justa reduce tensiones, genera orden con legitimidad y fortalece la convivencia. La paz social no se impone: se construye con justicia.

Las acciones que violan derechos generan críticas, afectan nuestra credibilidad en organismos internacionales y pueden incluso tener consecuencias diplomáticas o comerciales.

Porque muchas veces se hacen sin criterios claros, sin debidos procesos y sin respeto a la dignidad de las personas. Eso no es Estado de Derecho, es uso abusivo del poder.

Cuando se permite actuar sin control sobre poblaciones vulnerables, se sienta un precedente que puede extenderse a otros grupos. La democracia se erosiona por la práctica diaria.

Puede facilitar un espacio institucional para el diálogo plural, técnico y orientado a soluciones. Es un órgano que puede promover consenso y políticas equilibradas.

 

El acceso no es un privilegio, es una forma de protección básica. Cuando las personas están dentro del sistema, todo funciona con mayor control y equidad.

Permite saber quiénes viven en el país, dónde y en qué condiciones. Esa información es esencial para diseñar políticas públicas realistas.

Se han reportado robos, abusos y destrucción de la vida de personas que tenían años construyendo aquí su hogar. En algunos casos, el trauma ha sido tan grande que ha llevado incluso al suicidio. Ese costo humano no está siendo asumido por el Estado.

Porque es falso. Y porque esa asociación solo fortalece el prejuicio y la violencia. La mayoría de personas migrantes son trabajadoras y pacíficas.

 

Deben alzar su voz como guardianes de la compasión y la justicia. Defender al vulnerable es parte esencial de su misión.

Cumplirlos con coherencia. Firmar acuerdos implica responsabilidades concretas. No se puede hablar de institucionalidad sin honrar esos compromisos.

Se protege mejor al país, se evita la explotación, se reduce el crimen real y se fortalece el orden legal. El problema no son los migrantes: son las redes que lucran con ellos.

Escuchando a todos los actores, aplicando la ley con justicia, y recordando que una sociedad se mide por cómo trata a sus miembros más vulnerables.

La pérdida repentina de todo: trabajo, hogar, pertenencias, identidad, ha llevado a muchas personas a situaciones de angustia extrema, e incluso al suicidio. No se está calculando el costo humano ni el daño que esto deja en el tejido social dominicano.

Porque en la diversidad hay riqueza. Reconocer ese aporte es un acto de justicia, pero también una oportunidad de fortalecimiento cultural.

Tienen una enorme responsabilidad. El lenguaje construye realidad. Los discursos públicos deben promover la convivencia, no alimentar el resentimiento.

Que la ley no se aplica igual para todos. Que la discriminación es válida. Ese no puede ser el mensaje que construye nuestro futuro.

El principal riesgo es que se debilite la institucionalidad y se normalice la arbitrariedad. La democracia se pierde no solo con golpes, también con prácticas diarias que deshumanizan y excluyen.

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