Desde el Colectivo Migración y Derechos Humanos planteamos con preocupación que la nueva Resolución de la Dirección General de Migración-001-2026 que dispone los requisitos para renovar los Permisos Temporales De Trabajo (TT-1), en la categoría de no residentes parece aspirar a mantener la irregularidad migratoria en el país.
La Resolución endurece de tal manera las condiciones para renovar los permisos temporales de trabajo que, en vez de ordenar la migración laboral, va a dificultar gravemente la regularización de miles de personas migrantes y, con ello, bloquear su formalización laboral en la República Dominicana. La resolución exige, entre otros elementos, un nuevo contrato registrado ante el Ministerio de Trabajo, certificación de inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social, pasaporte con vigencia mínima de 18 meses y vinculación a una zona específica de trabajo.
El problema de fondo es que esta normativa crea un círculo burocrático sin salida. Para renovar y mantenerse legal, la persona migrante debe demostrar un grado de formalización que, en la práctica, depende de que ya tenga documentación migratoria válida. El propio Ministerio de Trabajo exige, para registrar el contrato de trabajo de una persona extranjera, copia del pasaporte vigente y copia de la visa o permiso de trabajo vigente. Y la Tesorería de la Seguridad Social establece que, para que un trabajador extranjero cotice plenamente al Sistema Dominicano de Seguridad Social, debe contar con residencia legal sustentada en visa de trabajo, carnet de migración o carnet de regularización; si solo tiene pasaporte, puede ser reportado para ciertos fines, pero no cotiza plenamente ni accede a los beneficios del sistema.
En otras palabras, se exige formalización para permitir la regularización, pero al mismo tiempo se exige regularidad previa para poder formalizar. Ese diseño no mejora la capacidad del Estado para registrar, supervisar y ordenar el trabajo migrante. Lo que hace es empujar a más personas hacia la irregularidad, mantenerlas fuera de la protección laboral y ampliar los espacios de discrecionalidad y abuso. En vez de facilitar una ruta realista hacia la legalidad, la vuelve excepcional, costosa y, para muchas personas, prácticamente inalcanzable.
Esta situación afecta con especial dureza a ocupaciones donde la formalización ya enfrenta barreras estructurales, como el trabajo doméstico. En la actualidad no existe dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social un régimen vigente que permita la inscripción efectiva de trabajadoras domésticas, ya que el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la resolución que dispuso su inclusión en el sistema. Por eso, exigir a trabajadoras domésticas migrantes constancias de inscripción en seguridad social como condición para sostener o renovar su estatus regular supone imponer un requisito que hoy, en la práctica, carece de una vía real de cumplimiento.
También preocupa que el permiso quede atado a una zona geográfica y a una actividad determinadas, y que trabajar fuera de esa zona o en otra actividad exponga a la persona a la deportación. Esa lógica no responde a la realidad del trabajo, sino a un enfoque punitivo que limita derechos básicos de toda persona y va en contra de la Constitución que, según el art.46 de la Constitución, “toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales”.
A esto se suma la exigencia de un nuevo contrato formal para cada renovación y la limitación de la prórroga a una sola vez, lo que convierte la permanencia regular en una carrera de obstáculos administrativos.
Resulta especialmente preocupante que esta medida vaya en dirección opuesta a lo planteado en el proceso de diálogo del Consejo Económico y Social con participación de los expresidentes, donde se acordó avanzar en propuestas para ordenar la gestión de la mano de obra extranjera, no para hacer inviable su regularización
Desde el Colectivo Migración y Derechos Humanos insistimos en que existen medidas posibles para impulsar la migración regular, pero ese orden no puede construirse sobre requisitos imposibles ni sobre mecanismos que bloquean la formalización en lugar de hacerla posible. Regularizar no es desordenar. Regularizar es registrar, supervisar, proteger derechos, fortalecer la economía y ampliar la capacidad del Estado para gobernar con legalidad y transparencia. Cuando la ruta legal se vuelve inviable, lo que crece no es el control: es la irregularidad.
Por eso exigimos la revisión urgente de esta resolución y la apertura de un diálogo real con los sectores sociales, laborales y productivos. El país necesita vías de regularización accesibles, coherentes y compatibles con la realidad del trabajo migrante. Necesita una política que haga posible la formalización, no que la bloquee. Y necesita entender que cerrar las puertas de la regularidad no resolverá los problemas del país: los agravará.
